El 62,9% de los niños y adolescentes vive en situación de pobreza y el 16,2% se encuentra en la indigencia, según reveló un informe realizado por la Universidad Católica Argentina (UCA). Se trata de las cifras más altas registradas desde 2010.
Tomando de base los datos del censo realizado en 2022, se presume que hay 7.685.436 niños y adolescentes (de 0 a 17 años) en situación de pobreza. Entre ellos, hay 1.979.397 que son indigentes.
El estudio de la UCA presenta una medición de la pobreza multidimensional que se basa en cinco aspectos del desarrollo de la infancia y adolescencia, mientras que el Indec elabora el índice de pobreza infantil de acuerdo a su propia metodología, con un rango que va de los 0 a los 14 años.
El informe advierte sobre los problemas básicos que tiene la población más joven de Argentina al evaluar los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Argentina urbana desde 2011.
En los últimos 13 años, se observó un aumento en la cantidad de hogares y personas con problemas para el acceso a una canasta básica alimentaria o total, con una suba más pronunciada en la pobreza.
Desde la UCA, señalaron que «el esfuerzo de los hogares y la cobertura de las políticas públicas han tenido un papel crucial en la mitigación de la pobreza, pero persisten desafíos estructurales en la economía que requieren atención, y que ejercen un fuerte impacto en las estructuras de oportunidades de los hogares y sus miembros niños, niñas y adolescentes».
El estudio también señaló que el impacto del coronavirus fue significativo y regresivo en salud, educación, crianza, y socialización. Pese a que a partir de 2023 se retornan a las situaciones previas al Covid-19, el cumplimiento de ciertos derechos básicos fue desigual.
El 16,1% padece pobreza multidimensional en niveles severos, dato tan angustiante como la de indigencia monetaria infantil, que alcanzó el 16,2%, números más elevados que en 2010.
Por otra parte, el informe advierte que el 32,2% de los niños y adolescentes en la Argentina Urbana sufren inseguridad alimentaria, dato que permaneció estable entre 2010 y 2017, hasta que en 2018 pegó un salto importante y llegó al 37,2% en 2020.
En lo que respecta al derecho a la salud, el 55,8% de la población de niños y adolescentes no cuentan con obra social, mutual ni prepaga por lo que dependen exclusivamente del sistema estatal de salud para recibir atención.
En tanto, un 39,5% padeció el déficit de servicios relevantes en sus viviendas, como tener acceso a agua corriente, contar con red de cloacas y tener inodoro con descarga.
El déficit en las condiciones de medio ambiente refiere a la presencia cercana al hogar de fábricas contaminantes, basurales, quema de basura y/o plagas. Se trata, en este caso, de un dato que asciende al 49,4% del total de niños.
En cuanto a la educación, el 23% de los niños de 3 a 5 años no están escolarizados y el 82,6% de los niños y adolescentes entre 6 y 17 años asiste a una escuela de gestión estatal.
