Tras el cambio de gobierno nacional, la incertidumbre respecto del escenario económico -agravada desde el viernes pasado por el retiro del capítulo fiscal del proyecto de ley ómnibus remitido al Congreso nacional- y la devaluación de principios de diciembre se hicieron sentir con mucha fuerza en los precios de los alimentos y otros bienes de primera necesidad.
En el ámbito de los supermercados pymes e hipermercados, las subas promedian el 15% desde que comenzó enero, y se espera otro ajuste por efecto de la devaluación y la presión de los formadores de precios.
El atraso en los valores que manejan las empresas fabricantes ronda el 40% a 50%. Entidades supermercadistas señalaron que se observan faltas de algunos productos, al tiempo que se retiraron o redujeron casi todas las bonificaciones. «Hay casos como el arroz y los fideos donde hubo 30% de remarcación. Y para completar, se hace un pedido y te traen solo el 50%», aseguraron fuentes del rubro.
LA MIRADA LOCAL
Miguel Simons, referente de los supermercadistas locales, en contacto con NORTE brindó su balance de la situación y opinó sobre lo que cree se avizora para los próximos meses.
«No hay problemas de stock porque se hayan dejado de fabricar los productos, lo que sucede es que las grandes alimenticias, por ejemplo, han mermado los envíos a la espera de que haya definiciones económicas. Esta semana será crucial para conocer qué medidas se tomarán en reemplazo de las que retiraron de la ley ómnibus, y esa falta de precisiones hace que se tema una nueva devaluación, con todo lo que ello implica. Hubo remarcaciones este mes, no tan fuertes como las de diciembre, pero se han notado y se suman a dos graves problemas más: aparte de que la inflación no encuentra solución ni se la ve a la vista, la suba de los costos laborales -totalmente entendible en el marco actual- tras los acuerdos paritarios y la profunda contracción de la demanda por la erosión del poder adquisitivo forman un cóctel peligroso. Al mismo tiempo, los proveedores han suspendido los pagos a plazo y las bonificaciones, lo que significa un mayor costo financiero. El sector pyme está en una grave encrucijada. Esta política es tan cruel que no le sirve ni al empleador ni al empleado. 2024 será un año de mucha lucha por sobrevivir», estimó.
DIARIO NORTE.-
