Durante la movilización contra la Ley Bases en Resistencia, la Policía activó un protocolo anti piquetes para garantizar la libre circulación en el centro de la ciudad que no solo garantizó el derecho de protesta sino que le permitió a trabajadores poder circular normalmente por las calles. Sin embargo, la decisión no fue bien recibida por el Sindicato de Camioneros que realizó una insólita denuncia penal ante el enojo de gremialistas por no poder interrumpir el tránsito.
La acción penal va dirigida contra el gobernador Leandro Zdero y contra el Jefe de la Policía, Fernando Romero.
«De esta manera queda acreditado y configurado el accionar delictivo de los nombrados, quienes directamente cercenaron el ejercicio del derecho a manifestarse, reconocido constitucional y convencionalmente y, encontrándose como servidores públicos obligados a cumplir con la Ley», indica parte de la denuncia.
EL HECHO
El miércoles 12 de junio de 2024, aproximadamente a las 18:10 horas, una manifestación encabezada por el Secretario General del Sindicato de Camioneros del Chaco, Isaías Alegre, y otros representantes del sindicato, fue bloqueada por la policía en el centro de Resistencia. Los manifestantes se dirigían al mástil mayor de Resistencia para finalizar la movilización en la Casa por la Memoria.
Frente a la Estación de Servicio YPF en la intersección de Av. 9 de Julio y Av. Italia, un patrullero bloqueaba la circulación y, según la insólita presentación, en el lugar se encontraban cinco uniformados, impidiendo que la columna de manifestantes avanzara. Para los camioneros no había «motivo aparente» para el despliegue policial que, detalla la presentación, «comenzó a cargar una escopeta ostensiblemente con cartuchos anti tumulto».
Ante esta situación, los manifestantes continuaron su marcha hasta llegar a la calle Güemes N° 46, donde a las 18:15 horas se encontraron con otros protestantes, sindicales, agrupaciones sociales y referentes políticos, que también habían sido detenidos en su tránsito por un cordón policial de Infantería.
El escrito también acusa a un policía de decirle a una trabajadora del Comité para la Prevención de la Tortura de la Provincia del Chaco: «Dejá de molestar a mi personal».
Según lo documentado en la denuncia, «el jefe de Policía, Fernando Romero, se presentó en el lugar y expresó que tenía órdenes del Gobernador y del ministro de Seguridad para impedir que los manifestantes llegaran a la Casa por la Memoria. La Comisionada del Comité para la Prevención de la Tortura, Ariela Álvarez, comunicó al Jefe de Policía Romero sobre la Sentencia Judicial N° 167 y lo estipulado por la Ley N° 2399-J. Romero insistió en acatar las órdenes del Poder Ejecutivo Provincial y ordenó a sus subalternos que despejaran la vía pública en 15 minutos, dirigiendo a los manifestantes hacia la vereda de plaza 25 de Mayo y despejando la calle».
En ese aspecto, el texto indica que la situación escaló cuando se desplegó una fuerza policial que bloqueó el paso desde la vereda de Lotería Chaqueña hasta el monumento «La Loba» en la plaza 25 de Mayo. Parte de los manifestantes decidieron dirigirse por el centro de la plaza hacia la Casa por la Memoria, donde tenían previsto finalizar la movilización y seguir la sesión del Senado de la Nación en una pantalla y con sonido dispuestos para tal fin.
El texto de la denuncia continúa: frente a la Casa por la Memoria, a las 19:09 horas, los manifestantes se ubicaron en la vereda y sobre la calle Marcelo T. de Alvear para organizarse mientras esperaban la llegada del resto de los grupos. A las 19:14 horas, sin previo aviso, el Jefe de Policía Fernando Romero ordenó a infantería que obligara a los manifestantes a subir a la plaza. Inmediatamente, infantería y personal de la comisaría formaron un cordón de tres filas frente a la Casa por la Memoria.
DIARIO CHACO.-
