La Unión Cívica Radical, que comanda el senador y economista Martín Lousteau, le pidió al presidente de Diputados, Martín Menem, que “con total urgencia y sin más demoras” designe a los integrantes de dicha Cámara “en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, siendo que ése es el único paso pendiente para que la misma pueda funcionar”. Es decir, la que debe analizar el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía.
“Si el gobierno anterior se aprovechó de su mayoría para bloquear el funcionamiento de la comisión durante dos años, asistimos hoy a una nueva degradación institucional en la que este gobierno ni siquiera la constituye”, aseguró el documento firmado por Lousteau (Capital Federal) y los jefes de bloque de Diputados y el Senado, Rodrigo de Loredo (Córdoba) y Eduardo Vischi (Corrientes), entre otros.
En realidad, la propia ley que regula a los DNU establece que, pasados los 10 días sin tratarse, dichas normativas quedan habilitadas para ser discutidas en los recintos. Sobre este punto direccionó la mira el cristinismo senatorial, con dos pedidos de sesiones que la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, no validó aún, ya que fijar día y horario es potestad de la presidencia del Cuerpo.
La Cámara alta ya designó a sus integrantes semanas atrás. En cambio, en Diputados, Menem primero avaló un reparto de comisiones que luego objetó y todavía no definió los lugares que le corresponderán al kirchnerismo. Por ello la traba para que funcione una bicameral que, en principio, le tocaría presidir al senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja).
Más allá de las quejas radicales, el objetivo oculto es evitar una guerra en el recinto del Senado, donde la oposición no kirchnerista tiene a varios legisladores que no se quieren mostrar junto al cristinismo y dar quorum pero ya dejaron en claro que, en caso de activarse el tema en el recinto, votarán en contra de la medida de Milei. Para que queda invalidado, un DNU debe ser rechazado por ambas Cámaras del Congreso.
“La decisión de no designar a los representantes de la Cámara de Diputados constituye una omisión inconstitucional que atenta contra la división de poderes y el régimen republicano de gobierno. En efecto, al habilitar que el Poder Ejecutivo ejerza, en ciertas circunstancias excepcionales, funciones legislativas, la Constitución dispone que dichas actividades sean controladas de modo ‘inmediato’ por una comisión parlamentaria permanente. A tal punto es crucial este control parlamentario que su ausencia pone en cuestión, incluso, la propia validez de los decretos del Presidente de la Nación”, expuso la UCR en el documento.
Según el radicalismo, “la falta de conformación de la Comisión es igualmente inadmisible en lo político”. Y agregó: “Como es de su conocimiento, el Presidente de la Nación ha ejercido las facultades de dictar decretos de necesidad y urgencia para modificar o derogar un sinnúmero de leyes del Congreso en vastas áreas del derecho argentino. El ejercicio de estas facultades mientras la Comisión no se constituya implicaría otorgarle al Presidente un amplio poder sin control, de un modo absolutamente incompatible con el régimen republicano de gobierno que prevé nuestra Constitución”.
Por último, la UCR aseveró que “la omisión de constituir la Comisión que ejerce el control parlamentario sobre dicho accionar ya se ha prolongado por más de dos meses, privando inconstitucionalmente a este cuerpo de las herramientas que la Constitución le otorga para controlar que la suerte de los argentinos no quede atada a los designios del ciudadano que transitoriamente ejerce el cargo de Presidente de la Nación”. Y finalizó: “A más de dos meses de la renovación de la Cámara, después de solicitudes formales de diferentes bloques, y con los miembros del Honorable Senado ya designados hace semanas, su persistente demora en conformar la Comisión ya no puede ser atribuida a la inexperiencia en el cargo ni a los tiempos burocráticos. De persistir en su actitud dilatoria tendremos el deber de actuar con todas las herramientas legales a nuestra disposición para cumplir con el mandato de la Constitución Nacional que todos los miembros del Congreso hemos jurado respetar y hacer respetar”.
