El caso de una interna en las cárceles de Córdoba generó revuelo en los últimos meses. Se debe a que comenzó sus problemas con ley hace menos de una década como Gabriel Fernández al ser denunciado varias veces por su pareja por violencia de género. En ese proceso anunció que se autopercibía mujer y se llamaba Gabriela Nahir Fernández y fue trasladada a una cárcel para mujeres.
Allí, primero, fue denunciada por sus compañeras de prisión por violencia de género ya que las sometía a toda clase de amenazas aprovechando su contextura física que le confería una posición de supremacía en el pabellón femenino.
Hasta que hace pocos años recibió una denuncia por violación por parte de otra interna de la prisión que resultó embarazada. La situación llevó a la Cámara de Acusación de Córdoba a revisar el caso, que se remonta a 2018, cuando Fernández fue encarcelado como Gabriel.
La Justicia confirmó su prisión preventiva y ordenó avanzar hacia el juicio oral por violencia de género. También se dispuso su traslado a un lugar, en donde se respete su identidad, pero no se ponga en peligro a otras internas.
La ley que permite el cambio de género es simple y ha suscitado debate. Esto generó un dilema en el sistema penal, ya que actualmente existen casi siete identidades de género distintas. La falta de un marco claro para el tratamiento de personas trans en el sistema penitenciario ha llevado a que Fernández esté actualmente en prisión domiciliaria, en lugar de ser recluido en una cárcel de hombres o mujeres.
La defensa de Fernández plantea que no se le puede aplicar el agravante de violencia de género al ser del mismo género, lo que complica aún más el contexto legal.
CADENA 3.-
